El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha iniciado acciones legales contra un informe parlamentario que abre la puerta a que los diputados retomen el proceso de destitución en su contra.
En 2022, un panel independiente concluyó que Ramaphosa podría haber incurrido en graves irregularidades relacionadas con el robo de una importante suma de dinero en efectivo, oculta en un sofá de su finca privada. El mandatario siempre ha negado cualquier tipo de mala praxis.
A principios de este mes, una sentencia del Tribunal Constitucional dictaminó que el parlamento actuó de forma inconstitucional hace cuatro años al votar en contra de iniciar una investigación para un posible juicio político, tras la publicación de dicho informe.
En aquel momento, el partido de Ramaphosa, el Congreso Nacional Africano (ANC), contaba con mayoría parlamentaria. Sin embargo, tras las elecciones generales de 2024, el ANC gobierna en coalición al haber perdido su mayoría absoluta.
En su recurso judicial, presentado el martes ante el Tribunal Superior de Ciudad del Cabo, Ramaphosa argumenta que el panel "malinterpretó su mandato, juzgó erróneamente la información que se le presentó y tergiversó los cuatro cargos que se formularon en mi contra".
Los cargos incluían la violación de la Constitución y graves irregularidades. "No presento esta solicitud a la ligera", afirma el presidente en el escrito judicial, solicitando que el informe sea anulado, lo que invalidaría el proceso de destitución.
La presidencia del parlamento ya ha constituido el comité de investigación, integrado por 31 diputados de 16 partidos políticos, entre ellos nueve del ANC, el principal partido de la coalición gobernante. Este comité deberá determinar si existen bases para iniciar un proceso de destitución.
Esta polémica, bautizada por la prensa local como "Farmgate", se remonta a 2020, después de que presuntamente se sustrajeran 580.000 dólares (unos 430.000 libras) de Phala Phala, la finca de Ramaphosa en la provincia de Limpopo.
Dos años después, el panel independiente encontró indicios de que el presidente podría haber incumplido su juramento y concluyó que "tenía que responder" por los hechos.
Sudáfrica tiene normativas estrictas sobre la tenencia de divisas extranjeras, que exigen su depósito en un plazo de 30 días ante un intermediario autorizado, como un banco. En su momento, Ramaphosa declaró que el dinero procedía de la venta legítima de búfalos de su negocio ganadero.
Mənbə: BBC News
