Un comité de diputados británicos ha instado al gobierno a introducir con mayor celeridad el límite de 250 libras anuales para las rentas de alquiler de suelo que pagan los inquilinos en régimen de arrendamiento a largo plazo en Inglaterra y Gales.
El ejecutivo ha fijado la entrada en vigor de este tope, una tarifa anual que los inquilinos pagan al propietario del suelo, para finales de 2028. Sin embargo, un informe de la comisión interpartidista de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local considera que debería adelantarse a finales de 2027, argumentando que los inquilinos llevan demasiado tiempo esperando que los sucesivos gobiernos aborden esta problemática.
El gobierno ha declarado que está impulsando una legislación "con carácter de urgencia" para poner fin al sistema de arrendamiento a largo plazo durante la presente legislatura, que podría extenderse hasta 2029. Existen alrededor de cinco millones de viviendas bajo este régimen en Inglaterra y Gales, donde los compradores adquieren el derecho a ocupar una propiedad mediante un contrato de arrendamiento por un número limitado de años, a cambio de pagar una renta al propietario del suelo.
Además de limitar las rentas, el borrador del proyecto de ley de Reforma del Arrendamiento Común y de Propiedad (Commonhold and Leasehold Reform Bill), que está siendo examinado por la comisión antes de su presentación en el Parlamento, prohibiría la venta de pisos en régimen de arrendamiento a largo plazo de nueva construcción. También facilitaría la conversión al régimen de propiedad común (commonhold), donde los propietarios poseen conjuntamente los edificios y se encargan de su mantenimiento sin un contrato de arrendamiento con fecha de caducidad.
Las rentas de alquiler de suelo se pagan por el derecho a ocupar el terreno sobre el que se asienta un edificio y son independientes de los gastos de comunidad, que cubren la gestión y el mantenimiento del inmueble. Según estimaciones de la Encuesta de Vivienda Inglesa (English Housing Survey) para 2023/24, la renta media anual era de 304 libras. No obstante, es habitual que estas rentas se dupliquen o aumenten según la inflación (RPI) en intervalos fijos, lo que puede dificultar la venta o la obtención de una hipoteca para la propiedad.
Las rentas de alquiler de suelo fueron abolidas para la mayoría de las nuevas propiedades residenciales en régimen de arrendamiento en Inglaterra y Gales en 2022, bajo el anterior gobierno conservador, pero se mantuvieron para las viviendas ya existentes. Con la versión actual del proyecto de ley, el tope de 250 libras entraría en vigor en una fecha determinada por los ministros. El gobierno prevé que sea a finales de 2028, aunque podría ser antes si el proyecto avanza más rápido. La comisión, en cambio, solicita que el tope se aplique dos meses después de que el proyecto se convierta en ley, lo que podría ocurrir a finales de 2027.
El gobierno también se ha comprometido a reducir las rentas de alquiler de suelo a una tarifa simbólica, efectivamente cero, tras 40 años. La comisión, sin embargo, cuestiona la necesidad de este periodo de transición de 40 años, sugiriendo que podría acortarse a 20. Algunos propietarios e inversores argumentan que necesitan más tiempo para adaptarse, pero el informe de la comisión no se muestra convencido, dado que sucesivos gobiernos han manifestado su intención de limitar estas rentas desde al menos 2017.
El gobierno defiende que un periodo de transición de 40 años es "un plazo equilibrado, alcanzable y realista", y que un periodo más corto conllevaría un mayor riesgo de impugnación legal. La Asociación de Propietarios de Arrendamiento Residencial (Residential Freehold Association), que representa a los propietarios profesionales, se opone a limitar las rentas, advirtiendo del impacto en la reputación del Reino Unido para los inversores y en los fondos de pensiones que invierten en estas rentas.
Por otro lado, la comisión ha recibido testimonios de miles de inquilinos que afirman que el aumento de las rentas les ha dificultado la venta de sus viviendas. Uno de ellos relata que su piso se ha vuelto "efectivamente inútil" porque su renta supera las 500 libras y sigue aumentando anualmente, impidiéndole mudarse. Otro caso describe un piso "inhipotecable y, por tanto, invendible" debido a la elevada renta, lo que obligó a posponer la formación de una familia por no poder afrontar una segunda hipoteca.
En líneas generales, la comisión considera que el proyecto de ley de arrendamiento a largo plazo del gobierno "supondría un avance significativo para otorgar a los propietarios de viviendas en régimen de arrendamiento un mayor control sobre sus edificios". No obstante, añade que "el proyecto de ley final requiere varios cambios y adiciones para cumplir las expectativas de los inquilinos y los compromisos previos del gobierno". El manifiesto electoral del Partido Laborista de 2024 prometía "poner fin de una vez por todas al sistema feudal de arrendamiento", garantizando que la propiedad común sea la modalidad por defecto y abordando las "rentas de alquiler de suelo no reguladas e inasequibles".
La diputada laborista Florence Eshalomi, presidenta de la comisión, ha señalado que los inquilinos "llevan demasiado tiempo esperando que los sucesivos gobiernos aborden el injusto sistema de arrendamiento". Añadió: "Es vital que el gobierno reconozca ahora esta urgencia adelantando legislación revisada para hacer justicia a los inquilinos lo antes posible". La comisión insta al gobierno a presentar el proyecto de ley definitivo en el Parlamento en otoño, para que pueda convertirse en ley a mediados de 2027.
El gobierno espera que un nuevo marco de propiedad común esté operativo mucho antes de que finalice la legislatura. Sin embargo, el Ministro de Vivienda, Matthew Pennycook, ha advertido de que la prohibición de la venta de pisos nuevos en régimen de arrendamiento a largo plazo probablemente no entrará en vigor hasta después de las próximas elecciones. Ha argumentado que no sería factible abolir el sistema de arrendamiento de la noche a la mañana, ya que implicaría la creación inmediata de millones de asociaciones de propiedad común y afectaría al mercado hipotecario. Pennycook ha insistido, no obstante, en el compromiso del gobierno de desmantelar el sistema de arrendamiento antes de que concluya la legislatura, empoderando a los inquilinos para que tomen el control de sus edificios y permitiéndoles optar por la propiedad común cuando lo deseen.
El informe de la comisión recomienda que el gobierno continúe con su objetivo de introducir la prohibición "lo antes posible", minimizando al mismo tiempo los impactos no deseados en el mercado inmobiliario en general. La comisión también sugiere la creación de un regulador independiente de administradores de fincas, con potestad para sancionar a los agentes que actúen de forma irregular y retirarles la licencia para operar. Numerosos inquilinos se han quejado de la mala gestión por parte de sus administradores, incluyendo el aumento descontrolado de los gastos de comunidad. Por otra parte, el informe de la comisión ha puesto de manifiesto la ausencia en el borrador del proyecto de ley de varias recomendaciones "vitales" previas de la Law Commission, que habrían facilitado a los inquilinos la conversión a la propiedad común.
Mənbə: BBC News
