La administración Trump ha propuesto que los empleados del gobierno federal estadounidense firmen acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) para intentar frenar las filtraciones a la prensa. La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) ha publicado un borrador de este acuerdo, dirigido tanto a empleados actuales como a los de nuevo ingreso, argumentando que las filtraciones a los medios "ponen en riesgo la franqueza en las comunicaciones internas, alteran la toma de decisiones y debilitan la confianza entre las agencias federales".
La Casa Blanca ha señalado que las filtraciones previas al asalto estadounidense en Venezuela pusieron vidas en peligro. Expertos legales advierten que estos acuerdos van más allá de los habituales para personal con acceso a información sensible y podrían ser objeto de impugnación judicial. Un sindicato importante ha alertado de que podrían coartar la libertad de expresión.
La OPM asegura que los NDA no imponen "nuevas restricciones sustantivas a la libertad de expresión o a los derechos de divulgación de los empleados", y que "preservan expresamente" el derecho de los trabajadores a "realizar divulgaciones autorizadas por ley, incluidas las protegidas por la figura del denunciante". El texto busca "documentar el reconocimiento y el compromiso de los empleados federales de cumplir con las obligaciones legales actuales para salvaguardar información no pública, confidencial o propietaria", según la nota oficial.
El público tiene ahora 30 días para presentar alegaciones antes de que el acuerdo pueda ser definitivo. La propuesta ya ha generado críticas, especialmente por parte del mayor sindicato de funcionarios federales. Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, teme que se conviertan en obligatorios, a pesar de que la administración insiste en que las agencias pueden optar por no exigirlos.
Kelley acusa a la administración de intentar "silenciar" a los empleados federales y "reemplazar a los funcionarios de carrera con leales que no se atrevan a hablar". "Los empleados federales no renuncian a sus derechos de la Primera Enmienda al aceptar un empleo federal, y el público tiene derecho a conocer los abusos de esta administración", afirmó.
Funcionarios del personal citaron varios casos de información no autorizada filtrada a la prensa. La OPM mencionó que The New York Times y The Washington Post recibieron información no autorizada sobre la inminente operación en Venezuela, lo que, según la nota, "puso en riesgo la vida de miembros de las fuerzas armadas, obligando a las organizaciones de noticias a retrasar la publicación para no poner en peligro a las tropas estadounidenses". Sin embargo, el director ejecutivo del New York Times, Joe Kahn, ha negado que su medio tuviera detalles verificados sobre la operación o que retrasara su publicación a petición de la administración.
La OPM también señaló otro incidente en el que un empleado federal filtró datos personales de 4.500 agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo direcciones y números de teléfono, "poniendo en peligro la seguridad de los agentes".
Expertos legales como Amy Schmitz, profesora de derecho en la Universidad Estatal de Ohio, consideran que, si bien es común que los funcionarios firmen NDA, estos suelen estar ligados a información clasificada o proyectos específicos. "La propuesta parece mucho más amplia y algunos especulan que generará litigios", dijo Schmitz. Por su parte, Orly Lobel, profesora de derecho en la Universidad de San Diego, advierte que estos acuerdos "excesivamente amplios" pueden generar un "efecto disuasorio" que silencie a los empleados ante comportamientos poco éticos o ineficientes en el gobierno, y que además restrinja su capacidad para usar sus conocimientos en futuros empleos. "Tanto la libertad de expresión y la rendición de cuentas, como la libre competencia y movilidad, pueden verse perjudicadas", concluyó.
Mənbə: BBC News
