La Policía Nacional ha registrado este miércoles la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, incautando diversa documentación en el marco de una investigación judicial por presunta corrupción.
Esta operación se produce en un momento delicado para el partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se enfrenta a una cascada de escándalos.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), ha aprovechado la situación para afirmar que el Gobierno "huele a corrupción" y ha reiterado su petición de elecciones anticipadas.
La investigación se centra en las supuestas actividades de una operaria, identificada como Leire Díez, que habría sido pagada para orquestar una campaña de desinformación destinada a obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al partido. Tanto Díez como el resto de los implicados en los distintos sumarios, incluidas figuras cercanas a Sánchez como su esposa y su hermano, niegan cualquier irregularidad.
Los registros se han extendido también a domicilios de altos cargos socialistas y a un empresario relevante.
La actuación policial coincide con la recta final de los ocho años de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, que dirige actualmente una minoría parlamentaria tras la victoria del PP en las elecciones de 2023, sin que los populares lograran formar gobierno.
Feijóo ha instado a los socios del PSOE a dejar de apoyar a un Ejecutivo que, a su juicio, "apesta". "¿Cuántos registros más, cuántas comisiones más, cuántos sobres más, cuánto dinero en bolsas?", ha cuestionado el líder popular.
Sánchez, que se encontraba en el Vaticano visitando al Papa, ha asegurado a los periodistas que agotará la legislatura y no convocará elecciones anticipadas.
Una figura clave en uno de los sumarios es Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE y hasta hace poco un estrecho colaborador de Sánchez. Cerdán ya ha negado irregularidades en un caso anterior, donde se le acusa de participar, junto a otros exdirigentes, en la adjudicación de contratos públicos a cambio de sobornos. Dejó su cargo orgánico el año pasado, pero mantiene su inocencia.
La operación de este miércoles se produce poco después de que el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero fuera citado a declarar como investigado el próximo mes. Se le investiga por presunto tráfico de influencias en la concesión de un rescate a la aerolínea Plus Ultra en 2021 y por un posible beneficio económico personal.
Zapatero ha negado reiteradamente cualquier ilícito, y Pedro Sánchez ha expresado su apoyo a su predecesor, quien gobernó España entre 2004 y 2011.
Entre los investigados se encuentra también el exministro de Transportes José Luis Ábalos, a la espera de sentencia tras un juicio por presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
El propio Pedro Sánchez reconoció el año pasado haber barajado la dimisión, pero concluyó que "tirar la toalla no es una opción".
Las acusaciones no solo salpican a dirigentes del partido, sino también a su entorno familiar. El hermano de Sánchez, David, se sentará en el banquillo este jueves junto a otros diez acusados por un delito de tráfico de influencias, cargos que él niega.
El pasado mes, su esposa, Begoña Gómez, fue imputada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y prevaricación. Ella también niega las acusaciones, y Sánchez ha calificado las imputaciones como una "campaña de acoso y derribo" de la derecha contra su gobierno.
Mənbə: BBC News
