La posibilidad de debatir el impacto de la inmigración en la seguridad nacional del Reino Unido es legítima tras los disturbios ocurridos después de un apuñalamiento en Belfast, según ha declarado el revisor independiente del gobierno británico sobre legislación antiterrorista.
Jonathan Hall KC hizo estas afirmaciones después de que trascendiera que el presunto autor del ataque, un hombre sudanés de 30 años acusado de intento de asesinato, había entrado en el Reino Unido en 2023 y se le concedió el estatus de refugiado.
En declaraciones a la BBC, Hall consideró "absolutamente legítimo" abordar la cuestión de la inmigración en el contexto de la seguridad nacional. "Me interesa la cuestión de si la nacionalidad extranjera, especialmente la de los recién llegados, es cada vez más relevante para el panorama general de la seguridad nacional", señaló.
Hall admitió que, si bien el ataque de Belfast no parece ser un incidente de seguridad nacional, "ha tenido enormes ramificaciones, sobre todo para personas de raza negra y morena que han sido expulsadas de sus casas, por lo que es extraordinariamente desestabilizador".
El letrado también mencionó la falta de respuesta a la Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump, publicada en noviembre, que acusaba a las políticas migratorias europeas de "transformar el continente y crear conflictos". Ningún líder europeo ha aceptado públicamente esta afirmación.
Hall planteó la pregunta de si debemos empezar a pensar en la migración no solo en términos económicos y de vivienda, sino también de seguridad nacional. Comparó la situación con la labor de los servicios de seguridad, que evalúan el riesgo potencial de quienes abandonaron el Reino Unido para unirse al Estado Islámico en campamentos sirios.
"En última instancia, la seguridad nacional es la salud de la nación", concluyó.
La estrategia de cohesión del gobierno, publicada en abril, ya señalaba que la cohesión social era "un frente vital en la resiliencia de nuestra seguridad nacional", y que "la migración debe gestionarse para apoyar a las comunidades y la cohesión".
Por su parte, la UE pone en marcha esta semana su Pacto sobre Migración y Asilo, que introduce nuevos procedimientos de asilo criticados tanto por la derecha como por la izquierda.
Estadísticas del Ministerio de Justicia indican que, si bien no se recopilan datos sobre el estatus migratorio de los condenados, sí se registran por nacionalidad. Un estudio de la Universidad de Oxford señala que la proporción de extranjeros condenados y en prisión en Inglaterra y Gales en 2024 se mantiene en torno al 13%, similar a su peso en la población general.
No obstante, las tasas de condena varían según la nacionalidad, y algunas con altas cuotas de solicitantes de asilo, como afganos o iraquíes, parecen estar "sobrerrepresentadas" en el sistema judicial. Ben Brindle, investigador del Migration Observatory de Oxford, matizó que esto no solo depende de la nacionalidad, sino también del estatus socioeconómico, la edad y el sexo, siendo los hombres jóvenes más propensos a solicitar asilo y a cometer delitos.
El subsecretario de Estado de Interior, Dan Jarvis, informó de 67.000 deportaciones y expulsiones bajo el actual gobierno, y aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para expulsar a quienes supongan una amenaza pública.
Chris Philp, secretario de Estado de Interior en la sombra, abogó por abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos para poder deportar a los inmigrantes ilegales a su llegada.
Hadi Alodid, de 30 años, fue acusado de intento de asesinato, posesión de arma blanca y amenazas a un trabajador sanitario tras el apuñalamiento en Belfast. La víctima, Stephen Ogilvy, de unos 40 años, permanece hospitalizada con graves heridas.
En un artículo en The Times, Hall también alertó sobre los peligros de la difusión de vídeos gráficos del ataque, calificando de "grave error" la aceptación de su circulación como "bien público", especialmente por su potencial para incitar a la violencia entre jóvenes y personas vulnerables.
Mənbə: BBC News
