La ministra conservadora Kemi Badenoch propondrá este martes la supresión de la normativa que obliga a organismos públicos, como colegios y hospitales, a promover la igualdad en la toma de sus decisiones.
En lo que el partido describe como el primer paso de un plan más amplio para "restaurar el sentido común", Badenoch argumentará que la "Public Sector Equality Duty" (deber de igualdad del sector público) se ha utilizado para impulsar "agendas peligrosas y divisivas".
Según la ministra, esta obligación se ha convertido en "un campo de minas que expone casi cualquier decisión pública importante a un recurso legal".
La propuesta de Badenoch llega después de que el asesinato de Henry Nowak y la respuesta policial avivaran el debate sobre las políticas y leyes de igualdad.
Los conservadores buscan distanciarse tanto del Partido Laborista, que ha reforzado las protecciones en materia de igualdad, como de Reform UK, que aboga por ir más allá y derogar la Ley de Igualdad por completo.
La "Public Sector Equality Duty", vigente en Inglaterra, Escocia y Gales, exige a los organismos públicos y a quienes ejercen funciones públicas eliminar la discriminación ilegal. También establece que las autoridades públicas deben "promover la igualdad de oportunidades entre las personas que comparten una característica protegida y las que no".
Las características protegidas incluyen la edad, la discapacidad, la raza, el embarazo, el sexo y la orientación sexual. La normativa de 2010, integrada en la Ley de Igualdad, ha permitido a organizaciones y particulares demandar a organismos públicos por incumplimiento.
Ejemplos de litigios incluyen casos de 2011 y 2012 contra consejos locales por recortes en bibliotecas y tarifas de residencias de ancianos, respectivamente. En 2020, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos concluyó que el Ministerio del Interior incumplió el deber en relación con el impacto de sus políticas de "entorno hostil" en la generación Windrush.
Los conservadores sostienen que este deber es "el pilar legal que ha permitido la expansión de la política identitaria, la burocracia DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) y el 'check-list' ideológico en los servicios públicos". Citan como ejemplos la retirada de Winston Churchill de los billetes por parte del Banco de Inglaterra y formaciones policiales que desaconsejaban tratar a todos por igual.
Se espera que Badenoch declare en su discurso: "Vamos a eliminar este deber por completo. No necesitamos reemplazarlo. Necesitamos explicarle a la gente que deben hacer su trabajo".
Por su parte, la ministra laborista de Igualdad, Claire Coutinho, afirmó que los servicios públicos están "obsesionados" con la igualdad, obligándoles a "priorizar el ser vistos como antirracistas" en lugar de "hacer su trabajo". Añadió que la obligación "nubla" los juicios policiales en "decisiones de fracciones de segundo" y que "hay que sacársela de encima".
Un portavoz de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos defendió la normativa, asegurando que "no es una barrera" sino una herramienta para que las autoridades "tomen buenas decisiones, basadas en la comprensión del impacto que estas tienen en todos los afectados".
Reform UK calificó la propuesta de "política conservadora clásica: demasiado poco, demasiado tarde y muy insuficiente". Los Liberal Demócratas la tacharon de "intento desesperado de avivar la guerra cultural por parte de un partido conservador sin ideas", instándoles a "arreglar la sanidad y la economía que dejaron en ruinas".
Mientras tanto, el gobierno laborista prepara una nueva estrategia de igualdad y diversidad con énfasis en el "origen socioeconómico como principal motor de la desigualdad de oportunidades", buscando abordar la "sobrerrepresentación de personas de entornos más acomodados" en la administración pública y asegurar que "personas de clase trabajadora y de distintas regiones no sientan la necesidad de alterar su comportamiento, acentos o lenguaje para encajar en el servicio civil".
Mənbə: BBC News
